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DIMENSIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
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ACCIDENTES Y HECHOS VIOLENTOS OCUPAN EL PRIMER
LUGAR EN LA MORTALIDAD VENEZOLANA PARA EL AÑO 2009. 18,82% DEL TOTAL DE MUERTES (DESPLAZA AL CÁNCER). LA TASA PARA VENEZUELA POR ACCIDENTES Y HECHOS VIOLENTOS ES DE 82,50 X 100.000 HAB.
RECORDEMOS QUE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE ENTREGAR LAS ESTADÍSTICAS DESDE EL AÑO 2005
NO LAS ENTREGAN NI A LOS VENEZOLANOS Y MENOS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
v
LA MORTALIDAD POR ACCIDENTES Y HECHOS
VIOLENTOS POR TODAS LAS EDADES SON 19.942 Y DE
ELLOS FALLECIERON 4.361 DE 0-19 AÑOS Y
REPRESENTAN EL 21,87% TASA 41,82 X 100.000 H) PARA EL 2003
v
LA MORTALIDAD POR ACCIDENTES Y
TRAUMATISMOS DE 0-19 AÑOS REPRESENTAN 61,24% DEL TOTAL
DE MUERTES EN ESTA EDAD. TASA: 19,37 X 100.000 H
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
*EN
VENEZUELA, LAS DEFUNCIONES POr CAUSAS EXTERNAS,
OCURRIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, HAN
EXPERIMENTADO UN SIGNIFICATIVO COMPORTAMIENTO
EPIDEMIOLÓGICO AFECTANDO A GRUPOS DE POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE PRODUCTIVOS: JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES.
*LOS
HOMICIDIOS SE HAN INCREMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE
DE 1763 EN 1980 A 6369 EN EL AÑO 2000, MÁS O MENOS261,25%.NO EXISTEN DATOS CONFIABLES PARA LA FECHA ACTUAL
*PARA
EL PRIMER SEME MESTRE DEL 2003 SE HABÍAN
PRODUCIDO 6920 HOMICIDIOS. MAS QUE TODO EL AÑO 2000
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![Cuadro de texto: La Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela consagra como uno de sus Principios Fundamentales, la protección por parte de las autoridades de la República, de las personas residentes en el territorio nacional, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. Para la consecución de este mandato, la constitución , consagra el monopolio estatal sobre las armas que circulen en el territorio nacional, esto es, la facultad única y exclusiva del Gobierno para la introducción y fabricación de armas, municiones de guerra y explosivos, además de la prohibición de su posesión y porte sin los respectivos permisos de la autoridad competente.
Es claro que, sólo el Estado puede poseer y portar armas por medio de su fuerza pública y de los miembros de los organismos y cuerpos oficiales de seguridad y para el cumplimiento de los fines consagrados en la Constitución y en la Ley. Estas disposiciones constitucionales muestran que la
Posibilidad de que los particulares posean armas debe derivarse exclusivamente del permiso estatal. Para el cumplimiento de estos principios constitucionales fundamentales, es de vital importancia contar con una normatividad suficiente que elimine el uso de las armas por los particulares, que controle y elimine la necesidad de uso para casos de extrema necesidad y que estipule directivas de desarme; directivas que respondan a la situación de violencia que vive el país y a la observancia de la realidad del porte de armas como uno de los factores de oportunidad que de manera más evidente incide en la agudización de la violencia. Un estudio en Venezuela demuestra que el aumento del homicidio corre parejo con un aumento de la utilización de armas de fuego para cometer la agresión, (La Violencia Urbana). Con este estudio se demuestra que la consecuencia social más notoria de la liberalización de la tenencia y porte de armas de fuego, es una elevación de la probabilidad en el uso de las mismas, lo que se traduce en un alza en las probabilidades de la comisión de actos violencia. La eliminación de los diversos factores de violencia que se han desencadenado a lo largo de las últimas décadas en el país, exige el diseño de mecanismos eficaces que propendan por el logro de la paz como uno de los programas prioritarios del Gobierno. Uno de estos mecanismos debe ser precisamente la expedición de una reglamentación adecuada para la eliminación de las armas en circulación; reglamentación que en el caso de la población civil suspenda su porte y tenencia a casos estrictamente necesarios y dejar la seguridad de los ciudadanos en manos del estado para garantizar la paz de la sociedad. La Asamblea Nacional, en Su última aprobación de la Ley de Armas Aprobada en primera discusión en el 2005 y en segunda discusión el 03 de diciembre del 2009 consideró que “el propósito nueva ley lo cual no es suficiente, en materia de armas, no fue otro que el de fortalecer la paz y fomentar una articulación social a través de los valores de la cooperación, la solidaridad y el entendimiento entre las personas. La entrega de armas a los particulares es aceptada dentro del ordenamiento constitucional como una posibilidad excepcional.” Consideró además que “de acuerdo a las estadísticas existentes, es posible sostener que el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares que no pocas veces es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o sociales. Por eso los permisos para el porte de armas debe ser eliminados y dados solo en casos excepcionales. Esto es, cuando se hayan descartado todas las demás posibilidades de defensa legítima que el ordenamiento jurídico contempla para los ciudadanos”. Finalmente, en Venezuela estábamos con una ley que data del 39 en esta materia y la nueva que no elimina las causas de violencia que vivimos en el país y según estudios internacionales revelan, la tasa de homicidios fue de mas de 82 por cada 100.000 habitantes, en Brasil fue de 24,6, en México de 20,6, en Nicaragua de 16,7, en Argentina de 12,4, en Ecuador de 11 y en los Estados Unidos de 8”. La situación actual de violencia Venezolana es aún más preocupante, “durante el periodo de 1998-2006 se presentaron más 80000 muertos por homicidio”[1], ubicando a nuestro país en el 1er lugar de la lista de países con mayores índices de homicidios en el mundo. De los pronunciamientos de la H. Corte y de numerosos estudios que sobre la materia se han realizado, se puede concluir que la situación de violencia se debe en gran parte a la laxitud de las normas que regulan la materia. El Proyecto que presentamos a consideración del Honorables Ciudadanos y luego con el respaldo de los mismo a la Asamblea Nacional es una respuesta a la clara necesidad de establecer una normatividad marco, que propenda por la paz y la seguridad nacional y que se constituya en la regulación principal que le permita al Estado mantener el control y monopolio de las armas en circulación. Por lo anterior, hemos trabajado en un proyecto que tiene como principal objetivo promover la eliminación de porte de armas en manos de la sociedad civil en Venezuela, haciendo frente a las aun muy elevadas cifras de homicidios en el territorio nacional, donde el uso de armas de fuego ocupa un el primer lugar en la causa de muerte de los hombres y jóvenes.
“Más del 80% de los homicidios cometidos en Venezuela desde finales de los años 70, se han efectuado con armas de fuego; más aún, este porcentaje se ha incrementado de manera sostenida, de alrededor de 60% en los años 80 hasta más de 85% en 2002. Para 2005, más del 15% de todas las muertes, tanto por causas naturales como externas, son muertes con armas de fuego.”
El desarme debe ser prioridad en la agenda de seguridad humana.](index_archivos/image006.gif)